miércoles, 24 de julio de 2013

Dando la cara

No corren buenos tiempos para hacerse entender. Flotan en el ambiente actitudes de rechazo generalizado hacia todo lo que huela a política, incluida la que se escribe en mayúsculas.

Dar explicaciones serias, ajustadas a la realidad, parece misión casi imposible, porque el interlocutor prefiere escuchar lo que quiere oír y no lo que necesita oír.

Hace pocos días tuve especial interés en participar en una reunión con representantes de la plataforma de afectados por preferentes en Lugo. Quería explicar a la cara el por qué de un voto, sin hacerlo a través de notas de prensa o entrevistas con desafortunados titulares periodísticos. 

Explicarse en temas tan complejos no resulta sencillo, y todavía menos si el interlocutor te percibe como parte de su problema y no de la solución. 

Este gobierno, el del Partido Popular, se encontró con un grave problema encima de la mesa y en vez de no hacer nada o echarle la culpa a los que lo habían creado por acción u omisión, tomó cartas en el asunto desde el primer momento para proteger a los ahorradores. Y lo hizo negociando y legislando.

Negociando con los socios europeos una ayuda al sistema financiero español para evitar su quiebra y con ella la de los millones de ahorradores y depositantes, incluidos los tenedores de productos de riesgo como las preferentes y las obligaciones subordinadas. Esta negociación tuvo su resultado positivo: España recibió un préstamo que permitió evitar esa quiebra. Las contrapartidas vienen impuestas y son de obligado cumplimiento en el marco de las ayudas de estado fijadas por la Comisión de la Competencia europea. Y entre esas condiciones, fijadas desde 2006, está la de repercutir una parte de la deuda entre los poseedores de estos productos, fuesen o no engañados o estafados, ya que esa cuestión no la decide un gobierno sino los tribunales de justicia.

Legislando para que nunca más puedan comercializarse estos productos como se colocaron especialmente entre 2008 y 2009. Impulsando mecanismos de arbitraje y creando instrumentos para dar liquidez a los poseedores de estos productos, compatibles con la vía judicial, donde cualquiera que demuestre su engaño ha recuperado o recuperará el 100% de su dinero. 

El pecado que hemos cometido algunos ha sido apoyar estas medidas, y por ello, con protestas ante nuestros domicilios, nos vemos insultados y señalados. Porque imputarte el robo de los ahorros de muchos de tus vecinos es llamarte ladrón y manifestarse reiteradamente ante la puerta de tu casa es señalarte ante los demás como culpable.

A pesar de todo, mis sentimientos están con quienes sufren el problema, y mi conducta política y personal irá en apoyo a las necesarias soluciones, aunque en estos momentos me pase factura. Pero también les digo que no se fíen en exceso de los que, por un rédito inmediato, o por quitarse de en medio un problema, visten hoy las camisetas de los afectados o apoyan cualquier texto que regale sus oídos. Muchos de ellos les darán la espalda en cuanto dejen de generar noticias.

Comprendo por lo que están pasando los afectados, lo vivo muy de cerca. Mi compromiso en política siempre ha sido velar por el interés general, y hasta la última resolución que voto persigue ese fin. Dando la cara.


Dando a cara

Non corren bos tempos para facerse entender. Flotan no ambiente actitudes de rexeitamento xeneralizado cara a todo o que cheire a política, incluída a que se escribe en maiúsculas.

Dar explicacións serias, axustadas á realidade, parece misión case imposible, porque o interlocutor prefire escoitar o que quere oír e non o que necesita oír.

Fai poucos días tiven especial interese en participar nunha reunión con representantes da plataforma de afectados por preferentes en Lugo. Quería explicar á cara o por que dun voto, sen facelo a través de notas de prensa ou entrevistas con desafortunados titulares xornalísticos. 

Explicarse en temas tan complexos non resulta sinxelo, e aínda menos si o interlocutor percíbeche como parte do seu problema e non da solución. 

Este goberno, o do Partido Popular, atopouse cun grave problema encima da mesa e no canto de non facer nada ou botarlle a culpa aos que o crearon por acción ou omisión, tomou cartas no asunto desde o primeiro momento para protexer aos aforradores. E fíxoo negociando e lexislando.

Negociando cos socios europeos unha axuda ao sistema financeiro español para evitar o seu creba e con ela a dos millóns de aforradores e depositantes, incluídos os tenedores de produtos de risco como as preferentes e as obrigacións subordinadas. Esta negociación tivo o seu resultado positivo: España recibiu un préstamo que permitiu evitar esa creba. As contrapartidas veñen impostas e son de obrigado cumprimento no marco das axudas de estado fixadas pola Comisión da Competencia europea. E entre esas condicións, fixadas desde 2006, está a de repercutir unha parte da débeda entre os posuidores destes produtos, fosen ou non enganados ou estafados, xa que esa cuestión non a decide un goberno senón os tribunais de xustiza.

Lexislando para que nunca máis poidan comercializarse estes produtos como se colocaron especialmente entre 2008 e 2009. Impulsando mecanismos de arbitraxe e creando instrumentos para dar liquidez aos posuidores destes produtos, compatibles coa vía xudicial, onde calquera que demostre o seu engano recuperou ou recuperará o 100% do seu diñeiro. 

O pecado que cometemos algúns foi apoiar estas medidas, e por iso, con protestas ante os nosos domicilios, vémonos insultados e sinalados. Porque imputarche o roubo dos aforros de moitos dos teus veciños é chamarte ladrón e manifestarse reiteradamente ante a porta da túa casa é sinalarte ante os demais como culpable.

Malia todo, os meus sentimentos están con quen sofren o problema, e a miña conduta política e persoal irá en apoio ás necesarias solucións, aínda que nestes momentos páseme factura. Pero tamén lles digo que non se fíen en exceso dos que, por un rédito inmediato, ou por quitarse do medio un problema, visten hoxe as camisetas dos afectados ou apoian calquera texto que regale os seus oídos. Moitos deles daranlles as costas en canto deixen de xerar noticias.

Comprendo polo que están pasando os afectados, o vivo moi de cerca. O meu compromiso en política sempre foi velar polo interese xeral, e ata a última resolución que voto persegue ese fin. Dando a cara.

miércoles, 10 de julio de 2013

Educar para el futuro

España ha tenido en los últimos años hasta cinco leyes de educación, todas ellas aprobadas por gobiernos socialistas. Tras analizar los “éxitos” alcanzados en estos años, nadie cuestiona la necesidad de realizar profundas reformas que mejoren la actual legislación educativa.

Entre los dramáticos logros de estas leyes se encuentran el abandono educativo a edades tempranas, en torno a un 25% frente al 13% de la Unión Europea (UE); las tasas de paro juvenil que afectan a más de la mitad de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre 15 y 24 años, cuando en la UE son del 23%; el hecho de que sólo el 65% del total de la población comprendida entre los 25 y 35 años termina los estudios de secundaria, o el altísimo porcentaje de población que ni estudia ni trabaja, casi un 24%. Todavía podemos citar algunos más, como los resultados académicos de los alumnos de 15 años, que están por debajo de la media de la OCDE; que en formación en lenguas extrajeras ocupemos el 10º lugar de 14 países europeos; o la dispersión existente en cuanto a resultados académicos entre Comunidades Autónomas, donde España es el país con mayores diferencias dentro de la UE.

A la vista estos datos se hace imperiosa la reforma educativa, para corregir lo que está demostrado que no solamente funciona mal, sino que nos ha llevado a situaciones insostenibles que dejan sin opciones de futuro a nuestros jóvenes de hoy. 

No es verdad, como dicen algunos, que se pretenda destruir la escuela pública, porque los objetivos se dirigen a mejorar la calidad en todas las escuelas, sean públicas, privadas o concertadas. No es verdad que destruirá empleo entre los docentes, más bien lo contrario, ya que la implantación de la Ley requerirá más profesores, ni tampoco que pretenda segregar a los alumnos en función de su capacidad intelectual. Lo que realmente supone una autentica exclusión o segregación es la tasa de abandono educativo prematuro. Que una cuarta parte de nuestros jóvenes estén siendo excluidos por el actual sistema es más que una segregación o exclusión, es un drama.

¿Alguien cree que un sistema, una sociedad en la que el 57% de los menores de veinticinco años dentro de la población activa no pueden encontrar trabajo, puede calificarse como justo? ¿Lo es un sistema que permite que salgan una cuarta parte de sus integrantes sin las mínimas herramientas para desarrollarse adecuadamente en el campo profesional?

Por estas y otras razones, me gustaría que en la propuesta de reforma educativa, en la LOMCE, viésemos las herramientas para enfrentarnos a la dura realidad que reflejan las cifras, siguiendo los mecanismos utilizados con éxito por otros. 

Lo difícil será convertir los comportamientos demagógicos utilizados contra la nueva Ley en actitudes responsables y constructivas por parte de aquellos que, reconociendo el fracaso de sus proyectos, tienen ahora la oportunidad de contribuir a aprobar una ley de educación para el futuro.


Educar para o futuro

España tivo nos últimos anos ata cinco leis de educación, todas elas aprobadas por gobernos socialistas. Tras analizar os “éxitos” acadados nestes anos, ninguén cuestiona a necesidade de realizar profundas reformas que melloren a actual lexislación educativa.

Entre os dramáticos logros destas leis atópanse o abandono educativo a idades temperás, en torno a un 25% fronte ao 13% da Unión Europea (UE); as taxas de paro xuvenil que afectan a máis da metade dos mozos españois con idades comprendidas entre 15 e 24 anos, cando na UE son do 23%; o feito de que só o 65% do total da poboación comprendida entre os 25 e 35 anos termina os estudos de secundaria, ou o altísimo porcentaxe de poboación que nin estuda nin traballa, case un 24%. Aínda podemos citar algúns máis, como os resultados académicos dos alumnos de 15 anos, que están por baixo da media da OCDE; que en formación en linguas extraeses ocupemos o 10º lugar de 14 países europeos; ou a dispersión existente en canto a resultados académicos entre Comunidades Autónomas, onde España é o país con maiores diferenzas dentro da UE.

Á vista estes datos faise imperiosa a reforma educativa, para corrixir o que está demostrado que non soamente funciona mal, senón que nos levou a situacións insostibles que deixan sen opcións de futuro aos nosos mozos de hoxe.

Non é verdade, como din algúns, que se pretenda destruír a escola pública, porque os obxectivos diríxense a mellorar a calidade en todas as escolas, sexan públicas, privadas ou concertadas. Non é verdade que destruirá emprego entre os docentes, máis ben ao contrario, xa que a implantación da Lei requirirá máis profesores, nin tampouco que pretenda segregar aos alumnos en función da súa capacidade intelectual. O que realmente supón unha autentica exclusión ou segregación é a taxa de abandono educativo prematuro. Que unha cuarta parte dos nosos mozos estean sendo excluídos polo actual sistema é máis que unha segregación ou exclusión, é un drama.

Alguén cre que un sistema, unha sociedade na que o 57% dos menores de vinte e cinco anos dentro da poboación activa non poden atopar traballo, pode cualificarse como xusto? O é un sistema que permite que saian unha cuarta parte dos seus integrantes sen as mínimas ferramentas para desenvolverse adecuadamente no campo profesional?

Por estas e outras razóns, gustaríame que na proposta de reforma educativa, na LOMCE, vísemos as ferramentas para enfrontarnos á dura realidade que reflicten as cifras, seguindo os mecanismos utilizados con éxito por outros.

O difícil será converter os comportamentos demagóxicos utilizados contra a nova Lei en actitudes responsables e construtivas por parte daqueles que, recoñecendo o fracaso dos seus proxectos, teñen agora a oportunidade de contribuír a aprobar unha lei de educación para o futuro.
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